Las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron anoche el dictamen de reforma constitucional en materia de justicia penal, que pretende instaurar mecanismos más severos contra la delincuencia organizada, al permitir las solicitudes orales de órdenes de aprehensión y de cateo, legalizar el arraigo, el acceso a información reservada o confidencial por parte del Ministerio Público Federal, allanamientos a domicilios particulares sin orden judicial, entre otros.
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